El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Vivienda

 

 

 

  

¿Qué busca esta nueva ley?

La normativa busca garantizar el acceso a la vivienda, evitar la especulación inmobiliaria, proteger el parque público de vivienda social, dar alternativa a los desahucios o incentivar la movilización de los inmuebles vacíos, entre otras medidas. Sin embargo, el punto que ha resultado más polémico es la limitación del precio de los alquileres.

 

¿Qué ha pasado en su tramitación parlamentaria?

El texto aprobado por el Gobierno es básicamente el mismo que ya vio en primera lectura. Aunque tras el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial se han introducidos pequeños cambios. Por lo que se remitirá el texto al Congreso para su tramitación de urgencia. El Ejecutivo ha recalcado en varias ocasiones, incluido el Consejo de ministros de este martes, que no se trata de un informe vinculante y se solicitó al órgano judicial para estudiar posibles interferencias con tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante, el Gobierno siempre ha tenido en cuenta que en la tramitación de la ley llegarían enmiendas de los diferentes grupos. Por eso en el calendario de reformas que envió en su día a Bruselas, y vinculado con la recepción de los fondos de recuperación europeos, citaba la ley de vivienda como uno de los hitos que esperaba tener listos en el segundo semestre de este año. 

 

  

¿Cuáles son las propuestas?

el texto llegará al Congreso con una propuesta para controlar los precios de los alquileres que diferencia entre grandes empresas propietarias de viviendas y el resto de los caseros. Los primeros deberán ceñirse a unos baremos de renta determinados por una estadística pública que está todavía por construirse. Para caseros particulares habrá nuevas bonificaciones fiscales, que podrán llegar hasta el 90% si aceptan rebajar la renta al menos un 5%. Y también se establece una prórroga obligatoria del contrato en las mismas condiciones durante un tope de tres años, lo que equivale a congelar (aplicando la subida del IPC) el arrendamiento durante ese periodo.

La ley contempla también que en las áreas tensionadas en las que los caseros bajen un 5% la renta respecto al contrato anterior, la bonificación ascenderá al 90%. La deducción será del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes de 18 a 35 años en esas zonas tensionadas. Si en el inmueble se han realizado obras de rehabilitación o mejora, la bonificación será del 60%.

Asimismo, los propietarios que firmen un contrato de, al menos, 10 años podrán librarse de la congelación de los precios en las zonas tensionadas y podrán incrementar el alquiler hasta en un 10% a cambio de ampliar la duración del contrato. Además, en estas zonas el inquilino podrá prorrogar su contrato tres años más de lo que se contempla actualmente, manteniendo las mismas condiciones, con lo que se aseguran de que la renta sola suba con el IPC durante un periodo más amplio.

No obstante, todas estas medidas están sujetas la previa declaración de las denominadas áreas de mercado tensionado. Es decir, dónde se considera que los precios han subido por encima de lo razonable. Como la competencia en materia de vivienda es autonómica, serán las comunidades las que deban iniciar ese procedimiento.